LEGAL, LEGÍTIMO Y OTRAS PALABRAS TRANQUILIZADORAS

(Imagen generada con I.A.)

Esta mañana he intentado pagar el café con legalidad.

—Son dos euros —me ha dicho el camarero.

—¿Acepta usted legitimidad?

Me ha mirado como se mira a quien aún no ha desayunado o ha desayunado demasiado.

—Efectivo o tarjeta.

Ahí está el problema. La legalidad sirve para muchas cosas, pero no para pagar un café. En cambio, sirve estupendamente para explicar determinadas operaciones económicas cuando empiezan a oler raro. No digo que huelan mal. Digo raro, que es una palabra mucho más prudente y, sobre todo, menos querellable.

Nos cuentan que una compañía aérea recibió cincuenta y tres millones de euros del Estado para evitar que se estrellara. Económicamente, se entiende. Una aerolínea debe permanecer en el aire, aunque para ello haya que dejar en tierra cincuenta y tres millones de nuestros euros.

No fue un regalo, nos aclaran. Fue un préstamo.

Me quedo mucho más tranquilo.

Cuando el banco me presta dinero para comprar una vivienda, me exige la nómina, la declaración de la renta, un seguro de vida, la tasación del piso, la historia clínica de mis antepasados y, si pudiera, una fotografía del riñón que piensa quedarse si no pago.

El Estado, en cambio, presta cincuenta y tres millones con una elegancia que conmueve. El Estado confía. Sobre todo, cuando el dinero es nuestro.

Después aparece un asesor.

Siempre aparece un asesor.

Los asesores son personas extraordinarias. No fabrican aviones, no pilotan, no sirven cafés durante el vuelo, no cargan maletas y, probablemente, tampoco saben dónde se encuentra la salida de emergencia. Pero conocen gente. Y conocer gente, en determinados círculos, es una profesión mucho mejor remunerada que conocer un oficio.

Según se investiga, por aquellas labores de acompañamiento se habría pactado una comisión equivalente al uno por ciento del dinero conseguido.

Uno por ciento.

Parece poco. Un porcentaje humilde, casi franciscano. El problema es que el uno por ciento de cincuenta y tres millones son quinientos treinta mil euros. Una cifra que pierde toda modestia cuando uno la pronuncia despacio.

Quinientos.

Treinta.

Mil.

Euros.

Dicen que era una operación legítima. Unos honorarios por asesoramiento. Un trabajo profesional. Nada que objetar, en principio. También cobra un abogado, un médico o un arquitecto por sus conocimientos.

La diferencia es que al abogado se le paga por conocer la ley; al médico, por conocer el cuerpo humano; al arquitecto, por saber por qué no debe caerse un edificio.

Al asesor de influencias, en cambio, se le paga porque conoce a quien tiene que levantar el teléfono.

Y aquí aparece esa pregunta incómoda que siempre llega tarde a las reuniones importantes:

¿Es legal cobrar medio millón de euros por ayudar a conseguir cincuenta y tres millones procedentes del erario público?

Probablemente dependerá de lo que se hiciera, de cómo se hiciera, de qué se hablara, de quién llamara a quién y de si alguien pronunció alguna vez la frase: «No te preocupes, yo conozco a la persona adecuada».

Pero hay otra pregunta que me interesa más:

Aunque fuera legal, ¿es decente?

Porque hemos confundido tanto la legalidad con la honradez que cualquier día veremos a alguien salir de un juzgado gritando:

—¡Soy inocente! ¡Solo soy inmoral!

No todo lo legal es limpio. La ley establece el borde del precipicio, pero no obliga a pasearse por él haciendo equilibrios. Entre cometer un delito y comportarse con decencia existe un territorio inmenso. Es allí donde viven los intermediarios, las puertas giratorias, las llamadas oportunas, los contratos de asesoramiento y las facturas con conceptos tan vagos que podrían servir igual para salvar una aerolínea que para organizar una comunión.

«Servicios estratégicos».

«Acompañamiento institucional».

«Consultoría global».

«Asesoramiento para el desarrollo corporativo».

Palabras grandes para explicar algo muy pequeño: abrir puertas que los ciudadanos normales encontramos cerradas.

A mí me gustaría contratar uno de esos asesores.

No para conseguir cincuenta y tres millones. Tampoco quiero abusar. Me bastaría con que lograse que la Administración me atendiera el teléfono antes de que la música de espera acabase con mis ganas de vivir.

Incluso estaría dispuesto a pagarle el uno por ciento.

Si me consigue una cita previa para esta semana, le doy cinco euros.

Lo más curioso es que nos aseguran que aquellos quinientos treinta mil euros no procedían exactamente del erario público. El Estado prestó el dinero a la compañía y fue la compañía la que pagó a los asesores. Son circuitos distintos.

Naturalmente.

El dinero público entró por una puerta y la comisión salió por otra. No podemos afirmar que fueran los mismos billetes. Los euros, por desgracia, no llevan un collar identificativo ni regresan a casa cuando alguien los llama por su nombre.

Pero la aritmética es tozuda.

Una empresa necesita dinero público para sobrevivir y, al mismo tiempo, encuentra más de medio millón para pagar a quienes la ayudaron a conseguirlo. Debía de estar arruinada, sí, pero conservaba una pequeña reserva para agradecimientos.

No afirmo que nadie haya cometido un delito. Para eso están los jueces, los fiscales, los abogados y los procedimientos que duran lo suficiente para que, cuando llegue la sentencia, ya nadie recuerde por qué empezó todo.

Solo planteo una duda de contribuyente.

Cuando una persona utiliza sus relaciones políticas para facilitar que una empresa reciba millones públicos y cobra en función de la cantidad obtenida, ¿estamos ante un asesor, ante un intermediario o ante un cobrador de favores?

Quizá todo sea legal.

Quizá cada contrato esté firmado, cada factura contabilizada y cada impuesto satisfecho.

Quizá no exista delito alguno.

Pero cuando el dinero público termina financiando comisiones privadas, la legalidad debería dejar de felicitarnos por lo bien que funciona y empezar a preguntarse para quién trabaja.

Porque aquellos quinientos treinta mil euros no salieron directamente del bolsillo del contribuyente.

Dieron una vuelta.

Hicieron escala.

Y aterrizaron en otro bolsillo con todos los papeles en regla.

«Vive con la libertad, por la libertad, para la libertad» (Práxedes Mateo Sagasta dijo esa frase libremente. Cosa muy distinta fue las consecuencias que tuvo y si le hicieron caso. Nació el 21 de julio de 1850 y para presidir varias veces el consejo de ministros espanyol. Consta que fue un estadista)

Cuando escuché por primera vez a Cat Stevens se llamaba así y cantaba canciones como la del vídeo. Luego se cambió el nombre al de Yusuf Islam y poca cosa más supimos de él. No me he olvidado de él y sé que hoy cumple 78 años.

La cambra intacta

Cada matí, ell obria les cortines perquè entrés el sol. Després li pentinava els cabells, li explicava les notícies i deixava una rosa fresca damunt del coixí.

Els veïns deien que la senyora D’Arbanville havia mort feia molts anys.

Ell no els contradeia.

Una tarda, cansat d’esperar que despertés, va tancar la finestra, va retirar les flors seques i besà el buit.

Llavors, des de l’armari, una veu va murmurar:

—Ja era hora que em deixessis marxar.