COSAS DE NIÑ@S

 

Era un día cualquiera en el Ayuntamiento de Madremanyà, provincia de Girona. El secretario-interventor se aburría como una ostra mientras atendía a los ciudadanos que acudían a solicitar certificados de nacimiento, matrimonio, defunción y otras cuestiones burocráticas. Le parecía una tarea monótona y sin sentido, y a menudo se preguntaba si su vida tenía algún propósito.

Un día, se le ocurrió una idea para divertirse un poco y romper la rutina. Decidió que iba a certificar la nacionalidad catalana a las personas que se lo pidieran, aunque no tuvieran ningún derecho a ella. Pensó que sería una broma inocente y sin consecuencias, ya que nadie se tomaría en serio esos documentos.

Así fue como el 12 de octubre de 2018, día de la Fiesta Nacional de Espanya, el secretario-interventor expidió dos certificados de nacionalidad catalana a dos personas que se lo solicitaron. Uno era un turista francés que quería tener un recuerdo de su viaje a Catalunya, y el otro era un independentista radical afiliado a ERC que quería reivindicar su identidad como catalán. Ambos se fueron muy contentos con sus papeles, sin saber que estaban cometiendo un delito.

Al día siguiente, el funcionario recibió una visita inesperada en su despacho. Eran dos agentes de la Guardia Civil que venían a detenerlo por falsedad documental y usurpación de funciones públicas. Resulta que uno de los certificados había llegado a manos de un periodista que lo había publicado en un medio de comunicación nacional, provocando un gran escándalo y una crisis política.

El secretario-interventor fue llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, donde se le juzgó por su conducta. Se le condenó a ocho meses de suspensión de empleo y sueldo y una multa de 1.200 euros, argumentando que había atentado contra la unidad de España y la legalidad vigente. El abogado defensor alegó que se trataba de una broma sin mala intención y que los certificados no tenían ninguna validez jurídica ni efecto práctico.

El tribunal decidió condenar al funcionario a ocho meses de suspensión de empleo y sueldo y a pagar la multa, considerando que había actuado con dolo y con desprecio al ordenamiento jurídico. El funcionario recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, esperando que le fuera favorable.

Para su sorpresa, el Tribunal Supremo revocó la condena y absolvió al funcionario, estimando que los certificados no pudieron “provocar ninguna clase de efecto” y la conducta del funcionario fue “tan pueril como inofensiva”, considera la Sala, que entiende que no puede resultar sancionable la conducta de una autoridad o de un funcionario público que falte a la verdad en un certificado “de manera irrelevante” y “sin transcendencia alguna”.

El funcionario respiró aliviado al escuchar el fallo, y se sintió satisfecho de haber hecho una broma tan ingeniosa y divertida. Se prometió a sí mismo que volvería a hacerlo si se le presentaba la ocasión, ya que ahora sabía que no le pasaría nada. Se fue a celebrar su absolución con sus amigos, mientras en Catalunya se desataba una nueva oleada de protestas y manifestaciones por el desprecio del Tribunal Supremo a su identidad nacional… esto último es broma ¿eh?.

“La vida no es un problema a ser resuelto sino una realidad que debe ser experimentada” (Søren Kierkegaard, desde que nació el 5 de mayo de 1813 experimentó la realidad de la vida. Una curiosidad sobre su nombre: nadie es capaz de pronunciarlo sin escupir) 

Y que cumplas muchos más de los 42 de hoy y no hace falta alejarse más de aquell@s que te hagan la vida más complicada. Avui del relat es pot dir allò de: basat en un fet real.